Fundación Milenio advierte que subsidios agravan crisis fiscal en Bolivia
Los subsidios estatales, con un costo estimado de 2.000 millones de dólares solo en combustibles para 2025, son un factor principal de la crisis macroeconómica. Según un informe de la Fundación Milenio (FM), estas políticas han elevado el déficit fiscal y presionado las reservas internacionales, generando distorsiones en el mercado.
El impacto fiscal y cambiario de las subvenciones
El informe señala que los subsidios a combustibles, Gas Licuado de Petróleo (GLP), alimentos y electricidad han transformado una declinación productiva en fragilidad macroeconómica. El déficit fiscal promedio de la última década alcanzó el 8,7% del PIB, dificultando al gobierno sostener estas erogaciones. La necesidad de importar combustibles en dólares ejerce una presión constante sobre las reservas internacionales y genera vulnerabilidad frente a choques externos.
Distorsiones de mercado y efectos limitados
La Fundación Milenio identifica consecuencias como la inflación reprimida y el contrabando de combustibles subsidiados hacia países vecinos. A pesar del gasto público, el país enfrenta escasez de productos básicos, especialmente combustibles, lo que afecta al transporte y la distribución. La institución destaca que mantener estos subsidios sin un plan sólido tiene un efecto limitado sobre la población beneficiaria.
Antecedentes de una política con alto costo
Los subsidios buscan atenuar los incrementos de precios en bienes y servicios básicos, pero han generado un costo elevado para el Estado. El monto estimado para los subsidios a diésel y gasolina en 2025 podría alcanzar los 2.000 millones de dólares, ajustados al tipo de cambio paralelo.
Cierre: Recomendaciones para una reforma estructural
La Fundación Milenio recomienda un programa de estabilización robusto y la eliminación gradual de los subsidios en combustibles en dos años. Aunque podría generar un aumento temporal de la inflación, considera esta medida indispensable para la estabilidad. Subraya que el proceso debe acompañarse de políticas que protejan a los sectores más vulnerables y fortalezcan la producción nacional.