Cámara de Transporte exige investigar a exdirigentes del anterior gobierno
La Cámara Boliviana de Transporte exige investigar a exdirigentes del anterior gobierno nacional, incluyendo a Lucio Gómez. El dirigente Héctor Mercado lo acusa de ser colaborador del exministro Édgar Montaño. La petición se produce en el contexto de una investigación fiscal por desvío de diésel y allanamientos en YPFB y la ANH.
Acusación desde el sector transportista
Héctor Mercado, dirigente de la Cámara Boliviana de Transporte, solicitó que se investigue a «todos aquellos ex dirigentes». Afirmó que Lucio Gómez ha sido colaborador del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. Mercado indicó que estas personas «han desviado diésel» que corresponde a los bolivianos, causando daño económico al país.
Ampliación de las investigaciones
Mercado pidió que las acciones judiciales, como la detención de un funcionario de YPFB, se repliquen en todas las departamentales. Mencionó específicamente los casos de Cochabamba y Santa Cruz. Su declaración vincula a exdirigentes con el presunto desvío de combustible.
Operativos judiciales en marcha
La Fiscalía Departamental de La Paz realizó un registro en las oficinas centrales de la ANH este martes. El operativo, encabezado por el coordinador Israel Rojas Toledo, forma parte de la investigación sobre 14 cisternas de YPFB que salieron presuntamente de manera irregular. Esto amplía el caso por cobros irregulares y desvío de combustible.
Antecedentes del caso
El allanamiento en la ANH ocurre tras intervenciones simultáneas en cuatro departamentos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Se indagan supuestos cobros irregulares, desvío de combustible y hechos de corrupción que involucran a funcionarios de distintos niveles.
Implicaciones de la investigación
La investigación fiscal se centra en el presunto desvío irregular de combustible. La repercusión principal es la exigencia del sector transportista de extender las pesquisas a todos los exdirigentes implicados. El caso sigue en desarrollo con allanamientos y separación de funcionarios en instituciones estatales.