Cuatro magistrados electos del TCP reclaman asumir su cargo ya
Los cuatro magistrados electos en diciembre de 2024 aseguran no tener impedimentos para asumir el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La magistrada Paola Prudencio afirmó que pueden hacerse cargo hasta que se celebren nuevas elecciones judiciales. Esta declaración se produce ante la posible cesación de los cinco magistrados «prorrogados» cuyo mandato constitucional finalizó en 2023.
Una relación complicada en la Sala Plena
Prudencio describió una relación “complicada” con los magistrados prorrogados. La composición actual de la Sala Plena es de nueve miembros: cinco prorrogados y cuatro electos. Todas las propuestas se someten a votación y, al ser mayoría, “ellos definen”, explicó la magistrada. Esta dinámica afecta al trabajo del tribunal.
Postura frente a las nuevas autoridades
La magistrada se refirió a las próximas autoridades del Legislativo y Ejecutivo, que asumen funciones el 8 de noviembre. Hizo un llamado para que asuman una posición sobre este conflicto, respetando la Constitución y la ley. Prudencio abogó por el derecho de los ciudadanos de varios departamentos que no pudieron elegir a sus representantes en el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2024.
La postura oficial del presidente del TCP
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, ratificó una postura diferente. Sostuvo que la sustitución de los magistrados prorrogados debe darse solo con una nueva elección judicial, convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Hurtado afirmó que “el mecanismo adecuado es la democracia, la Constitución” y que la ALP debe convocar los comicios faltantes, coordinando con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Antecedentes del conflicto en el TCP
La controversia surge porque cinco magistrados del TCP continúan en sus cargos a pesar de que su mandato constitucional de seis años finalizó en diciembre de 2023. La Constitución Política del Estado no establece ninguna prórroga automática, lo que genera el debate sobre la legalidad de su permanencia y la necesidad de que la ALP convoque elecciones para cubrir esos cargos.
Cierre: La solución pendiente en el marco constitucional
El conflicto queda en manos de las nuevas autoridades políticas que pronto tomarán posesión. Ambas partes, magistrados electos y prorrogados, coinciden en que la solución debe hallarse dentro del marco constitucional, aunque discrepan en el procedimiento. La ALP tiene la competencia para convocar las elecciones judiciales pendientes, una decisión que se perfila como prioritaria para la nueva legislatura.
