Magistradas del TCP denuncian acción para cesar a autoridades judiciales
Una acción popular busca destituir a 38 magistrados del Órgano Judicial. El proceso fue admitido por una sala del Beni cuyo presidente ya paralizó elecciones judiciales. Las magistradas denuncian una maniobra que cuestiona la separación de poderes.
Demanda contra la estructura judicial
La acción popular fue presentada por el abogado Percy Claure Cuellar ante el Tribunal Departamental de Justicia del Beni. La Sala Constitucional Segunda admitió la demanda, que solicita el cese de funciones de magistrados autoprorrogados y electos en 2024. Los demandados incluyen a la totalidad de la Asamblea Legislativa y a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Actores clave y relaciones
El presidente de la sala que admitió el caso es el vocal Charles Mejía, quien previamente paralizó en dos ocasiones la elección judicial de 2024. Curiosamente, el abogado que presenta la acción es un exempleado de Mejía. Esta conexión genera cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Antecedentes del conflicto judicial
El vocal Charles Mejía ya paralizó las elecciones judiciales, luego que fuera inhabilitado. La acción popular se presenta en un contexto donde las autoridades judiciales afrontan un proceso que cuestiona su elección y autoprorroga.
Repercusión institucional
La magistrada Paola Prudencio advirtió que no se puede seguir instrumentalizando la justicia. Subrayó que el voto popular ya eligió a representantes y autoridades ejecutivas, por lo que avanzar con esta acción podría desconocer ese mandato ciudadano. El caso pone en tela de juicio la estabilidad del sistema judicial boliviano.
