Bolivia enfrenta crisis energética por declive productivo y subsidios insostenibles

Bolivia enfrenta una severa crisis energética con una caída del 62% en la producción de petróleo en una década. La dependencia de importaciones y un subsidio millonario insostenible agravan la situación, afectando las finanzas públicas y los ingresos por hidrocarburos.
Correo del Sur
El MAS deja a Bolivia en crisis energética
El MAS deja a Bolivia en crisis energética / Correo del Sur / Correo del Sur

Bolivia hereda crisis energética tras dos décadas de gobierno del MAS

La producción de petróleo cayó un 62% en una década. El país enfrenta una severa escasez de combustibles, con una dependencia crítica de las importaciones y un subsidio millonario considerado insostenible.

El colapso productivo y su impacto económico

La falta crónica de inversión en exploración ha provocado que la producción de petróleo cayera de 63.000 a 24.000 barriles por día en diez años. Las refinerías operan a solo el 50% de su capacidad. Esta caída ha impactado en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se desplomó un 86% entre 2015 y agosto de 2025, afectando a gobernaciones, municipios, universidades y el pago de la Renta Dignidad.

Un subsidio financieramente inviable

Actualmente, 9 de cada 10 litros de diésel y 6 de cada 10 de gasolina son importados. El Estado subsidia el 68% del precio del diésel y el 72% de la gasolina. Los analistas Raúl Velásquez y Hugo del Granado coinciden en que este modelo es insostenible para unas finanzas públicas con un déficit fiscal del 11% del PIB.

El ocaso del gas natural y sus consecuencias

Las exportaciones de gas natural, que representaban el 54% de las exportaciones totales en 2013, cayeron al 18,8% en 2023. El próximo gobierno podría necesitar importar gas natural desde 2028 a precios hasta diez veces superiores a los actuales, según Velásquez. La inversión en exploración, que tarda unos cinco años en dar frutos, se considera urgente.

Propuestas políticas frente a la crisis

El PDC plantea eliminar el subsidio al diésel de forma rápida y mantenerlo de manera más lenta para la gasolina. Propone modificar la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión privada. Por su parte, Libre propone eliminar el subsidio para particulares y mantenerlo solo para el transporte público, ajustando los precios al valor internacional desde el 9 de noviembre.

Un futuro energético incierto

El próximo gobierno hereda un panorama sombrío, con necesidad de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares inmediatos para garantizar la provisión de combustibles. A corto plazo, la solución pasa por importar, mientras que la recuperación de la producción nacional se vislumbra como un desafío a mediano y largo plazo para recuperar la soberanía energética.

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