TSJ garantiza segunda vuelta electoral y transición ordenada en Bolivia
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, asegura que ningún juez ha interferido en el calendario electoral. La denuncia presentada contra los magistrados del TCP es una posición institucional consensuada y no pone en riesgo los comicios.
Garantías para el proceso electoral
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, garantizó la realización de las elecciones en segunda vuelta y una transición ordenada. Afirmó que ningún juez o vocal ha interferido en el desarrollo del calendario electoral, desmintiendo así las declaraciones de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Denuncia institucional contra el TCP
La acusación contra los magistrados del TCP fue consensuada con otras autoridades judiciales y representa una posición institucional. Saucedo acusó a los exmagistrados de mentir al país sobre el riesgo electoral y de haber tomado una resolución para alargar su mandato, desconociendo la voluntad del pueblo boliviano.
Funcionamiento del TCP y proceso judicial
Ante la posibilidad de que los cargos de los magistrados queden acéfalos, Saucedo recordó que el TCP ya funcionó con un solo magistrado en 2017. Actualmente, hay cuatro magistrados electos que pueden hacerlo funcionar. Además, se solicitó a la Fiscalía activar alertas migratorias para evitar que los acusados abandonen el país.
Repercusión en la Asamblea Legislativa
La elección de nuevos magistrados, en caso de renuncia, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será la nueva Asamblea, que asumirá el próximo mes, la encargada de convocar a elecciones para completar el tribunal.
Antecedentes de la crisis judicial
Los exmagistrados del TCP son acusados de haber extendido su mandato mediante una resolución, lo que Saucedo calificó de desconocimiento de la voluntad popular. Esta situación generó un conflicto institucional que ahora es objeto de denuncia en la vía ordinaria.
Cierre: Implicaciones para la democracia
La posición del TSJ busca garantizar la estabilidad del proceso electoral y la transición de gobierno. La denuncia contra los exmagistrados del TCP refleja un enfrentamiento institucional que podría influir en la futura composición del tribunal constitucional y en la confianza pública en el sistema judicial.
