Ministro denuncia que avasalladores aprovechan elecciones para ocupar tierras
Más de 150 personas armadas en una de las tomas. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, asegura que los grupos ilegales actúan mientras la atención está centrada en la segunda vuelta electoral.
Ocupaciones violentas en Santa Cruz
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que en menos de tres días se registraron dos tomas violentas en tierras fiscales de Santa Cruz. La primera ocurrió el 3 de octubre en el predio Patujú, municipio de Montero. La segunda sucedió el 5 de octubre en Ascensión de Guarayos, donde más de 150 personas armadas ingresaron por la fuerza, destruyeron un campamento y ocuparon el lugar ilegalmente. En ambos casos, los avasalladores agredieron a propietarios, trabajadores y prensa.
Respuesta gubernamental y detenciones
Ríos detalló que, tras el primer avasallamiento, se desplegó un contingente policial por aire y tierra para retomar los predios e identificar a los responsables. En el caso de Patujú, resultaron en la aprehensión de 12 personas con detención preventiva de 180 días. La autoridad afirmó tener identificados a los autores intelectuales y materiales, aunque se abstuvo de nombrar la institución a la que pertenecerían para no entorpecer la investigación.
Garantía del derecho propietario
El ministro Ríos reiteró que el Gobierno nacional garantiza el derecho propietario sobre la tierra y advirtió que no permitirá avasallamientos. Insistió en que se debe respetar la normativa y dar seguridad jurídica a todos los productores, sin distinción entre medianos, pequeños o grandes.
Marco legal de los delitos
El avasallamiento y el tráfico de tierras son delitos penales tipificados en la Ley 477. Esta normativa establece sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes ocupen ilegalmente tierras privadas o fiscales.
Implicaciones de la crisis
La situación subraya una explotación del contexto electoral para actividades ilegales, desafiando la seguridad jurídica y la capacidad institucional de respuesta. Los hechos tienen repercusión directa en la seguridad ciudadana y la estabilidad del sector productivo en la región.
