Presidente del TSJ denuncia penalmente a cinco magistrados del TCP

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La denuncia, que incluye un pedido de alerta migratoria, alega que los magistrados incurrieron en delitos al prorrogar su mandato, el cual concluyó legalmente en diciembre de 2023.

Denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución

La acusación se basa en dos tipos penales. El primero, del artículo 153 del Código Penal, señala que los magistrados emitieron el Auto Constitucional 49/2023, una disposición «arbitraria y manifiestamente contraria» a la Constitución. Esta acción, según la denuncia, vulneró el orden constitucional y afectó los intereses del Estado.

Acusación por usurpación de funciones

El segundo delito, tipificado en el artículo 163, es la usurpación de funciones. La denuncia sostiene que los cinco magistrados continúan ejerciendo un cargo para el cual ya no tienen mandato, tras la conclusión legal de sus funciones.

Las consecuencias de la autoprorroga

La denuncia exige al Ministerio Público que investigue cómo el auto emitido impidió el cambio de autoridades judiciales conforme a la Constitución. Saucedo advirtió previamente a los magistrados que debían renunciar o serían expulsados «como usurpadores».

Antecedentes del conflicto institucional

El conflicto se origina porque las funciones de los magistrados denunciados concluyeron legalmente el 31 de diciembre de 2023. A pesar de ello, emitieron un auto constitucional que les permitió continuar en sus cargos, generando una crisis de institucionalidad.

Implicaciones para el sistema judicial

Esta denuncia penal busca restablecer el orden constitucional y sancionar a los magistrados que, según el TSJ, actúan de manera ilegítima. El caso pone de manifiesto una grave confrontación entre los máximos tribunales del país.