Policía Boliviana verifica supuesta presencia de Marset en el país
La Policía Boliviana destinó equipos de Inteligencia y agentes antinarcóticos para verificar la supuesta presencia en Bolivia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Las versiones, surgidas desde Uruguay, señalan que Marset habría ordenado desde Bolivia un atentado contra una fiscal. El comandante general Augusto Russo indicó que se trabaja para establecer la veracidad de estos comentarios, que calificó como especulaciones.
Operativo de verificación en marcha
El comandante de la Policía, general Augusto Russo, declaró que «las unidades especializadas como Inteligencia y la FELCN están trabajando para establecer cualquier supuesto referente a este sujeto». Russo enfatizó que, para asegurar la estadía de Marset en Bolivia, se necesita información objetiva y validada, algo que por ahora no poseen. «Estamos con trabajos de Inteligencia, estamos queriendo establecer si es que ese comentario es verídico o no», añadió la autoridad.
Origen de las versiones y vínculo con atentado
El medio uruguayo Montevideo Portal informó, citando al noticiero Informativo Sarandí, que Marset habría ordenado desde Bolivia el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero. El reporte indica que el narcotraficante recibe supuesta protección de organizaciones criminales como el PRIMER COMANDO DE LA CAPITAL (PCC). El ataque al domicilio de la fiscal ocurrió el pasado domingo en Montevideo, donde dos desconocidos dispararon sin dejar heridos.
Antecedentes de la búsqueda
Sebastián Marset, sindicado de tráfico de drogas, está prófugo desde el 29 de julio de 2023, tras evadir un operativo policial en Santa Cruz, Bolivia. En septiembre ya circulaban versiones sobre su presencia en el país, luego de un operativo en Warnes donde se hallaron avionetas, armas largas y caletas para actividades ilícitas.
Implicaciones del caso
La posible presencia de Marset en Bolivia y su presunta vinculación con un atentado en Uruguay sitúan al caso como un asunto de seguridad internacional. La repercusión incluye la movilización de unidades especializadas bolivianas y ha generado condena en las esferas políticas uruguayas, que calificaron el ataque a la fiscal como un ataque a la institucionalidad.
