Fiscalía envía a La Paz informe del caso Botrading
La Fiscalía General del Estado remitió a La Paz el informe de la comisión de Diputados sobre el caso Botrading. El diputado opositor Carlos Alarcón anunció el envío y pidió la aprehensión del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por un presunto daño económico de 355 millones de dólares.
Trámite del informe y acusaciones
El diputado Carlos Alarcón confirmó que el Fiscal General recibió y remitió el informe a la Fiscalía Departamental de La Paz, donde ya existe un caso abierto. Alarcón señaló que el presunto daño de 355 millones de dólares se debe a ganancias falsas, pagos sin contrato y sobreprecios en la importación de combustibles.
El principal implicado
Alarcón apuntó a Armin Dorgathen, presidente de YPFB, como el principal responsable. Afirmó que Dorgathen “salió corriendo” de la Fiscalía tras declarar voluntariamente y que no dio explicaciones contundentes. El legislador considera que su actitud genera una mala imagen internacional para Bolivia.
Ampliación de la investigación
El diputado solicitó que la investigación incluya a dos ministros de Hidrocarburos, exdirectores de YPFB y otros funcionarios. La petición abarca a personas de gestiones anteriores y actuales que intervinieron en los contratos con la sociedad Botrading.
Repercusión institucional
Alarcón sostuvo que los hallazgos demuestran una “red de corrupción” que causó gran daño al Estado. La comisión investigadora concluyó que YPFB creó una “sociedad ficticia simulada” para revender combustible en condiciones desventajosas para el país.
Antecedentes del caso
El caso Botrading investiga presuntas irregularidades en la importación de combustibles. La comisión de Diputados documentó pagos excedentes y sobreprecios a través de la sociedad Botrading, constituida durante el gobierno de Evo Morales con el nombre de YPFB Internacional en Paraguay.
Implicaciones del proceso
El envío del informe a La Paz formaliza la investigación penal. El proceso podría derivar en medidas cautelares y la ampliación de imputaciones contra altos funcionarios de YPFB y exautoridades del sector hidrocarburos.
