Policía afirma que Alvise Pérez recibió 100.000 euros para financiar campaña
La Policía Nacional considera evidente un delito de financiación ilegal. El informe señala que el dinero, entregado en efectivo por un empresario, se destinó a la campaña europea de SALF en 2024.
Una transacción bajo investigación
Un informe de la Comisaría General de Información de 42 páñas, presentado al juez instructor del Tribunal Supremo, sostiene que es «a todas luces evidente» que Luis ‘Alvise’ Pérez incurrió en un delito de financiación ilegal. Los investigadores zanjan que los 100.000 euros en efectivo que recibió del empresario Álvaro Romillo el 27 de mayo de 2024 se emplearon para financiar «parte de la campaña electoral» de su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF), para las elecciones al Parlamento Europeo.
Desmintiendo la versión oficial
El informe policial desmiente la declaración del eurodiputado, quien negó ante el magistrado que el dinero fuera para su partido y argumentó que lo gastó en asuntos personales. Tras analizar las conversaciones entre ambos, la Policía afirma que «no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio» por parte de Pérez, descartando así que fuera un pago por una charla.
La motivación del donante
Según el atestado, el empresario Álvaro Romillo, estafador confeso y acusado en la Audiencia Nacional por el ‘chiringuito financiero’ Madeira Invest Club, «siempre fue consciente» de que sus acciones «conducirían» a financiar al político y a su formación. Su interés estaba relacionado con sus expectativas de negocio para involucrar a los seguidores de Alvise como clientes.
Un contexto de opacidad financiera
La investigación se enmarca en una de las causas abiertas en el Tribunal Supremo contra el líder de SALF. La operación forma parte de lo que la Policía describe como un «proceso de ocultación, transformación e integración entre activos», propio del blanqueo de capitales o la financiación ilícita. La sociedad Somos Libres SL, utilizada para cobrar el dinero, está siendo investigada por el Sepblac del Banco de España.
Implicaciones para la transparencia política
El caso evidencia los mecanismos de financiación irregular que pueden operar en el ámbito político, utilizando sociedades y pagos en efectivo para eludir la fiscalización. La repercusión para el ciudadano reside en la vulneración de las normas de transparencia que garantizan la limpieza de los procesos electorales y la confianza en las instituciones.
