Gobierno de Trump inicia operativos de inmigración en ciudades santuario
Las operaciones chocan con una capacidad limitada de camas de detención. El Zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, advierte de una oleada de medidas. Las acciones se desarrollan en Boston y Chicago esta semana.
Un despliegue ambicioso con obstáculos logísticos
La administración Trump ha lanzado operaciones de inmigración en Boston y Chicago como parte de una oleada de medidas de control. Sin embargo, este impulso se topa con un problema logístico: «Estamos casi al límite de nuestra capacidad» de camas de detención, admitió Tom Homan. Existe una tensión entre la agenda agresiva de la Casa Blanca y los desafíos prácticos para deportar personas, según funcionarios y expertos.
La brecha entre las metas y la realidad
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue sin alcanzar el objetivo de la Casa Blanca de 3.000 arrestos diarios relacionados con la inmigración. Un funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato, señaló la peculiaridad del momento: «Es una cuestión de timing interesante porque no tenemos el espacio en las camas para apoyar todos los arrestos».
La saturación del sistema de detención
A finales de agosto, había más de 61.000 personas en detención a largo plazo, con una capacidad oficial de menos de 65.000 camas. El número de detainees ha aumentado más de un 50% desde que Trump asumió el cargo, ya que el ICE mantenía alrededor de 39.000 al final de la administración Biden. Informes recientes han documentado preocupaciones sobre el hacinamiento en las instalaciones.
Una carrera por expandir la capacidad
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se apresura a gastar miles de millones para expandir la capacidad de detención y duplicar su espacio de camas para el próximo año. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la agencia ha «expandido enormemente el espacio de detención en solo semanas» trabajando con socios estatales, utilizando la histórica financiación de 45.000 millones de dólares proporcionada por la ley de política fiscal del Partido Republicano.
Un legado de tensiones y desafíos
El contexto inmediato es la política de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración indocumentada. Su administración ha tomado medidas para acelerar las deportaciones, aunque muchos de estos esfuerzos han sido limitados o bloqueados por los tribunales. La reciente restricción judicial a la expansión de la «deportación expedita» ejemplifica los desafíos legales que enfrenta esta agenda.
Un camino complejo por delante
La eficacia de la ofensiva contra las ciudades santuario dependerá de la capacidad de superar los cuellos de botella logísticos y legales. Desde asegurar el transporte suficiente para los detainees hasta navegar por un sistema judicial sobrecargado, la administración debe resolver múltiples piezas de un pipeline de deportación complejo para que sus operaciones se mantengan a gran escala.