Ministro Flores rechaza pago millonario por desmonte no ejecutado

El Ministro de Desarrollo Rural se niega a abonar 7 millones de bolivianos a una empresa de un dirigente intercultural por un trabajo de desmonte que no se realizó. La cartera ministerial ha instruido una auditoría para investigar el contrato, priorizando el cuidado de los recursos del Estado.

Un contrato bajo la lupa

El ministro Yamil Flores afirmó que «no autorizará ni un pago» a favor de la empresa del dirigente intercultural Arturo Rosado, quien pretende cobrar al Estado por un desmonte que, según la autoridad, no fue concluido. Flores explicó que el contrato «está siendo auditado» y que su deber es «cuidar los intereses de nuestro país».

Origen de la controversia

Las declaraciones del ministro surgen como respuesta a una denuncia pública del diputado del MAS Héctor Arce sobre el manejo de la empresa estatal B-Agro. Flores aclaró que los 140 trabajadores afectados no fueron contratados por el Gobierno ni por B-Agro, sino por la empresa adjudicataria, por lo que la relación contractual es directamente con ella.

Advertencia a las partes

Flores invitó al dirigente Rosado a emprender las acciones legales que considere necesarias, pero ratificó que no se efectuará pago alguno hasta que la auditoría confirme el cumplimiento del contrato. Al diputado Arce, le solicitó que «no sea un tonto útil» en lo que calificó como un «intento de estafa» contra el Estado.

Una empresa estatal en el ojo del huracán

El caso pone el foco en los procedimientos de contratación de B-Agro, la empresa estatal dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que fue objeto de la denuncia inicial del legislador oficialista.

Transparencia versus presunta estafa

El ministro Flores enfatiza la protección del erario nacional frente a un presunto cobro indebido, instruyendo una auditoría para determinar los hechos. Mientras tanto, los trabajadores deben reclamar sus pagos directamente al contratista, según lo establecido en su relación laboral.