Diputados aprueban informe del caso Botrading y lo envían a Contraloría
La Cámara de Diputados aprobó el informe final sobre presuntas irregularidades en el suministro de combustibles. El documento recomienda remitir el caso a la Contraloría General del Estado para su investigación y sugiere la realización de auditorías especiales a las empresas involucradas.
Un caso que avanza hacia la fiscalización
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados investigó presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El informe final, aprobado en la madrugada del viernes 12 de septiembre de 2025, recomienda remitir los antecedentes del caso a la Contraloría General del Estado. Esta institución, de identificar indicios de responsabilidad, podrá enviar el caso al Ministerio Público.
Auditorías exhaustivas como siguiente paso
El documento también plantea una revisión profunda de las empresas implicadas. El informe sugiere realizar auditorías especiales a YPFB Internacional S.A. y Botrading S.A. en los ámbitos financiero, técnico, contable y jurídico. Estas auditorías buscan esclarecer el manejo de las operaciones de suministro de combustibles.
El proceso de investigación legislativa
La Comisión Especial, conformada el 27 de marzo, recabó información mediante entrevistas a autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos. Sin embargo, representantes de Botrading, citados para el 7 de mayo, no asistieron a declarar ante los miembros de la instancia legislativa.
Indagando en las operaciones de hidrocarburos
El caso se centra en las operaciones de suministro de combustibles, una actividad crucial manejada por YPFB y sus subsidiarias. La investigación parlamentaria se activó ante la sospecha de irregularidades en estos procesos, lo que llevó a la creación de una comisión especial para su esclarecimiento.
El camino judicial queda abierto
La aprobación del informe final por la Cámara de Diputados no cierra el caso, sino que lo traslada a la fase de control estatal. La Contraloría General del Estado será ahora la responsable de determinar si existen fundamentos para iniciar una investigación fiscal, definiendo así el futuro proceso legal.
