CIDH y ONU instan a Bolivia a evitar impunidad en casos de 2019
Expresan preocupación por la anulación de juicios por las masacres de Senkata y Sacaba. La CIDH y la ONU Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento este 12 de septiembre. Llaman a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de estas decisiones en los compromisos internacionales del país.
Un pronunciamiento por la justicia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos en América del Sur han emitido un pronunciamiento conjunto. En él, expresaron su preocupación por la decisión de tribunales bolivianos de anular los juicios por los casos Senkata y Sacaba. Consideran que esta anulación “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas”.
El argumento de la anulación
Diferentes tribunales de justicia penal anularon recientemente los juicios contra la expresidenta Jeanine Añez y exjefes militares y policiales. Su argumento fue que a Añez le correspondía un juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario. La CIDH y la ONU consideran preocupante que se declare la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por graves violaciones de derechos humanos.
Consecuencias para las víctimas
Ambas organizaciones recordaron que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Señalan que la anulación de los juicios supone una revictimización de las personas afectadas por estos hechos.
Los hechos que conmocionaron al país
Los hechos de Sacaba y Senkata se registraron en noviembre de 2019. En ellos, operativos policiales y militares contra manifestantes terminaron con una veintena de fallecidos. Estos sucesos son calificados como “masacres” en el pronunciamiento de los organismos internacionales.
Un llamado a la acción
La CIDH y la ONU Derechos Humanos instaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de las anulaciones. Pidieron que se “eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres”. También solicitaron adoptar las medidas necesarias para remediar la situación actual, en línea con los compromisos internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos.
