Tribunal Agroambiental advierte a autoridades por incumplimiento de deberes
Plazo de 48 horas para presentar informes sobre planes contra incendios. El presidente del tribunal, Richard Méndez, alerta de una «calamidad ambiental» y un «desastre ecológico» en el país. La advertencia se emitió este miércoles 10 de septiembre.
Una advertencia con consecuencias
El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, advirtió que las autoridades del Gobierno central y de los niveles subnacionales incurrirán en «incumplimiento de deberes» si hasta este viernes no presentan los informes sobre planes de gestión ambiental contra los incendios, antes y post emergencia. El tribunal estableció un plazo de 48 horas para la presentación de dichos informes.
Activación de competencias
La autoridad señaló que activaron la competencia directa del Tribunal Agroambiental ante la situación. Méndez declaró que, de no presentarse los informes, «tenemos que constituirnos en parte en el proceso penal». Asimismo, se ordenó a los 63 jueces ambientales del país que activen sus competencias de oficio para realizar visitas a los lugares con impacto ambiental, afirmando que «no podemos quedar inertes ante los desastres ambientales».
La magnitud de la crisis
Méndez repudió la escala del desastre, señalando que es posible que 12,6 millones de hectáreas se quemen en Bolivia, lo que significa el 11% de la superficie nacional, y que habría 33 millones de vertebrados calcinados. Alertó que los incendios se producen particularmente en áreas protegidas, tierras fiscales no disponibles y en Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y que están ligados a avasallamientos.
Cuestionamiento a la gestión de recursos
Cuestionó la gestión de los fondos disponibles, indicando que «Bolivia en el mes de marzo de este año suscribió préstamos con la CAF por 95 millones de dólares para emergencia climática» y que «teniendo los recursos no vemos resultados objetivos». Sostuvo que la gestión pública se mide por resultados.
Un contexto de desastre recurrente
El desarrollo económico sostenible debe incluir variables ambientales, un criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisó que por el desastre del año pasado se debió elaborar un plan de gestión de riesgos preventivo. Además, argumentó que las condiciones actuales ameritaban una declaratoria de desastre para que el Estado reciba ayuda internacional, yendo más allá de la declaratoria de emergencia nacional.
La pelota está en el tejado de las autoridades
La eficacia de la medida judicial dependerá del cumplimiento de las autoridades en el plazo establecido. El tribunal se constituirá como parte en un eventual proceso penal por incumplimiento de deberes, marcando un precedente en la exigencia de responsabilidad por la gestión ambiental en Bolivia.
