Segip denuncia a exfuncionarios por emitir carnet a miembro del PCC
El ciudadano brasileño Sergio Luis de Freitas Filho obtuvo una cédula de identidad boliviana de forma irregular en 2014. El Servicio General de Identificación Personal (Segip) presentó una denuncia penal contra los exfuncionarios involucrados. El individuo fue identificado como miembro del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).
Desenmascarando una identidad falsa
El director departamental del Segip Santa Cruz, Pablo Vaca, aseguró que «tenemos plenamente identificados a los funcionarios públicos» que colaboraron en el caso. El brasileño utilizó el nombre falso de Sergio Noroña en Bolivia e inició un proceso de naturalización tras contraer matrimonio en el país en 2011. Posteriormente, accedió de forma irregular a un certificado de nacimiento boliviano, documento que le permitió obtener la cédula de identidad.
Un vacío en el sistema
Vaca detalló que el hecho fue posible porque «en el 2014, tanto el Segip como el Serecí no tenían una verificación mediante sistema de los documentos». Los funcionarios solo verificaban el certificado de nacimiento en físico, lo que permitió ingresar datos falsos al sistema nacional de identificación. El director recalcó que los involucrados ya no trabajan en la institución.
Garantías de transparencia y nuevas medidas
Frente a versiones de un posible encubrimiento, Vaca fue enfático: «Me permito aclarar que es falso que el Segip esté borrando información». Remarcó que, desde 2017, el sistema incorporó herramientas biométricas para prevenir casos similares, donde «al momento de poner su huella dactilar en nuestro sistema va a saltar esta alarma» si hay una búsqueda de Interpol.
Una trama con historia
El contexto del caso se remonta a 2011, cuando el ciudadano brasileño inició un proceso de naturalización en Bolivia. Para 2014, aprovechó la falta de verificación digital entre el Segip y el Servicio de Registro Cívico (Serecí) para obtener documentos de identidad con datos falsos.
Reforzando la identificación
El caso evidencia una vulnerabilidad pasada en el sistema de identificación boliviano que fue subsanada. Las implicaciones actuales se centran en la investigación penal contra los exfuncionarios y en la eficacia de las nuevas medidas biométricas para garantizar la seguridad de los trámites de identidad para los ciudadanos.
