Diputados del MAS advierten obligación legal de elegir nuevos vocales del TSE
El mandato de los actuales vocales concluye en diciembre de 2025. Legisladores oficialistas instan al tratamiento impostergable del proyecto de ley para la selección de nuevos miembros, crucial para las elecciones subnacionales de 2026.
Una carrera contra el tiempo institucional
La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deisy Choque (MAS), afirmó que el proyecto de ley para la selección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ser tratado de manera impostergable en la presente legislatura. La legisladora recordó que el mandato de los actuales vocales concluye en diciembre de este año y que el país se prepara para las elecciones subnacionales en 2026.
La advertencia de un incumplimiento
Choque advirtió que “estaríamos incurriendo en incumplimiento de deberes” si no se publica la convocatoria ni se avanza en el proceso, subrayando que es una obligación constitucional y legal del Órgano Legislativo.
El estado del trámite legislativo
La diputada Rosario García (MAS) recordó que el Senado ya aprobó la convocatoria el pasado 26 de agosto, y que posteriormente fue respaldada de manera unánime por la Comisión de Constitución. Enfatizó que “corresponde que la Presidencia de la Cámara convoque a su tratamiento inmediato” en Diputados.
Un escepticismo interno
Sin embargo, el diputado del MAS y expresidente de la Cámara de Dipíutados, Israel Huaytari, expresó su escepticismo y aseguró que no será posible concretar la elección de los nuevos vocales del TSE durante la actual gestión legislativa.
Preparando el escenario para 2026
El contexto inmediato es la finalización del mandato de los actuales vocales del TSE en diciembre de 2025. La renovación del organismo es un paso procedimental esencial y obligatorio para garantizar la organización y supervisión de las próximas elecciones subnacionales del año 2026.
El reloj de la democracia sigue corriendo
La viabilidad del proceso de elección de los nuevos vocales del TSE dependerá de la capacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional para cumplir con los plazos establecidos, un procedimiento que actualmente enfrenta escepticismo incluso dentro del oficialismo.
