Bolivia promulga ley contra violencia sexual digital a menores
Establece penas de 10 a 15 años de cárcel por distribuir contenido abusivo. El presidente Luis Arce promulgó la norma, que crea cinco nuevos delitos para proteger a niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales.
Un escudo legal para los más vulnerables
El presidente Luis Arce promulgó la Ley 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Introduce cinco nuevas figuras penales específicas para enfrentar la criminalidad digital contra menores. La norma fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) e impulsada por la Fiscalía General del Estado.
Los delitos y sus penas
La ley establece penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes distribuyan, vendan, arrienden, comercialicen o intercambien contenido digital que afecte a menores de edad. Para personas que contacten a menores mediante redes sociales con fines indebidos, la privación de libertad será de 4 a 8 años. Busca fortalecer la prevención, protección y reparación frente a delitos como el ‘grooming’ y la difusión de material de abuso sexual infantil.
El próximo paso: la reglamentación
Tras la promulgación, se abre un plazo de 180 días para que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) desarrolle un marco reglamentario. Este marco permitirá «regular, controlar, supervisar y fiscalizar la correcta prestación de los servicios» por parte de los operadores de telecomunicaciones, con el fin de proteger a los menores.
Una respuesta consensuada a un flagelo moderno
La ley fue propuesta por la Fiscalía General del Estado y aprobada en consenso por la ALP. Crea un marco regulatorio sólido para identificar, investigar y sancionar a quienes cometan delitos contra la integridad sexual de menores en cualquier plataforma digital o medio de comunicación.
Protegiendo a la niñez en la era digital
Con esta norma, Bolivia dota al sistema judicial de herramientas específicas para combatir los delitos sexuales que se cometen a través de internet y tecnologías de la información, un desafío creciente en la protección de menores.
