Justicia boliviana impone cinco años de cárcel a biocida
Diego P. Q. recibió la pena máxima por torturar y matar a un perro en El Alto. El hecho, ocurrido en febrero de 2024, fue calificado de histórico por activistas. La sentencia aún debe superar una fase de recursos antes de su ejecución.
Un fallo histórico contra la crueldad animal
En un hecho calificado como ‘histórico’, la justicia boliviana dictó la pena máxima de cinco años de prisión contra Diego P. Q., un biocida que torturó a un perro en la ciudad de El Alto. El abogado Diego Espinoza, representante legal en el caso, afirmó: ‘Esta es una sentencia histórica porque se le aplica la pena máxima a un biocida’. El término biocida se refiere a personas que cometen actos de extrema crueldad contra los animales.
Los horribles detalles del crimen
El dueño de una tienda de venta de llantas golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y posteriormente lo ahorcó. Esta muerte se ha prolongado por más de cuatro horas, hasta que el perro fue botado en un basurero. La defensa intentó alegar emoción violenta, un argumento desmentido por las pruebas en video.
El camino legal por recorrer
La sentencia aún debe atravesar una fase de recursos antes de ser ejecutada. La parte acusadora exigirá su cumplimiento íntegro. El abogado Espinoza precisó: ‘Nosotros vamos a pedir que se cumpla en el penal de San Pedro los cinco años completos’.
Un precedente para el futuro
El fallo fue posible gracias a la coordinación entre fiscales, investigadores y activistas de protección animal, y un video fue presentado como prueba clave. El jurista enfatizó que este caso sienta un precedente: ‘A todos aquellos que lastimen a los animalitos, ya saben que se les va a juzgar con las penas máximas’.
Cerrando un capítulo de impunidad
Este veredicto representa un punto de inflexión en la jurisprudencia boliviana respecto a los delitos de crueldad animal, aplicando por primera vez la pena máxima prevista en la ley para un caso de estas características.
El mensaje está claro
La condena envía un mensaje contundente sobre la seriedad con la que el sistema judicial puede llegar a tratar los casos de maltrato animal, estableciendo que estos actos no quedarán impunes y serán sancionados con el máximo rigor.
