Exministro de Áñez denuncia extorsiones del MAS en prisión
Álvaro Coimbra admitió un delito no cometido para lograr su libertad. El exministro del gobierno transitorio realizó estas declaraciones tras tres años de reclusión en el penal de San Pedro. Cuestionó la salida del país de otros implicados en el caso ‘Golpe I’.
Una libertad condicionada
En sus primeras declaraciones públicas, Álvaro Coimbra reveló que admitió un delito que no cometió como única vía para recuperar su libertad y reunirse con su familia. Denunció extorsiones y manipulación política de la justicia, señalando que actores vinculados al gobierno del MAS lo presionaron para «incriminar a otros opositores políticos a cambio de su libertad». Asegura que nunca aceptó dichas condiciones.
Repercusión para el ciudadano
Coimbra advirtió que todavía existen muchas irregularidades en el sistema judicial boliviano. Su caso ejemplifica las acusaciones de persecución política y la falta de seguridad jurídica para los opositores, un tema que afecta la confianza ciudadana en las instituciones.
Un sistema con dos varas
El exministro cuestionó cómo algunos de los implicados en la denuncia por el caso ‘Golpe I’ salieron del país sin enfrentar cargos, insinuando posibles acuerdos con el Gobierno. Calificó al actual Gobierno como autoritario y denunció que mientras él sigue enfrentando procesos judiciales, otras personas quedaron impunes.
Un contexto de crisis política
Las declaraciones de Coimbra se enmarcan en los eventos posteriores a los conflictos de 2019 y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El caso ‘Golpe I’ fue una denuncia que llevó a la detención de varias figuras opositoras, en un período marcado por una profunda polarización política en el país.
Justicia sin revanchismo
Coimbra confía en que se estén restableciendo principios democráticos y felicitó al Órgano Judicial por mostrar apertura. Su caso podría sentar un precedente para la revisión de otros procesos similares. El exministro anunció que analiza plantear una revisión extraordinaria de su sentencia y activar procesos penales contra los responsables de su detención.
