Viceministro Torrico niega existencia de cárteles narcos en Bolivia
Autoridades debaten sobre la naturaleza de los grupos delictivos en Santa Cruz. El viceministro Torrico reconoció la presencia de grupos narcos pero los diferenció de los cárteles. La polémica surge por el reporte de un jefe del PCC viviendo en la ciudad.
Un debate sobre definiciones
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, reconoció la presencia de grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico en el país. No obstante, precisó que estas organizaciones y familias dedicadas a esta actividad ilícita aún no pueden ser catalogadas como cárteles. «El cártel tiene otras significancias, no hay cárteles en el país. Hay grupos delincuenciales, sí; hay grupo de narcotraficantes, obviamente que sí», indicó Torrico.
La postura del Gobernador
Por su parte, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, sí se refirió a los grupos delincuenciales como cárteles. Camacho señaló que «el Gobierno debe dar una explicación por qué tanto campeo que hay de estos criminales en Santa Cruz» y que viven tranquilos, gozando de riqueza y privilegio.
El detonante: un capo en Santa Cruz
El debate se originó por los reportes de medios brasileños sobre la presencia de Sergio Luiz de Freitas, un jefe del Primer Comando Capital (PCC), en Santa Cruz. La investigación de la red O Globo, en base a investigaciones del Ministerio Público de Brasil, indica que Luiz de Freitas vive hace más de una década en el departamento cruceño, con un estilo de vida público y lujoso, residiendo en barrios cerrados.
Un contexto de creciente preocupación
La discusión se enmarca en el aumento de actos delincuenciales relacionados con ‘ajustes de cuentas’ registrados en el departamento cruceño, lo que ha generado alarma en la población.
La respuesta institucional en el punto de mira
La eficacia para desmantelar estas redes y la transparencia sobre su verdadera naturaleza quedan bajo escrutinio público. Camacho exigió que el trabajo lo debe hacer el Gobierno, independientemente de que se estén yendo de la administración del Estado, para dar una respuesta a la ciudadanía.
