Presidente del TSJ instruye revisión de detenciones preventivas en Bolivia
Rómer Saucedo ordena a jueces ajustarse a la ley para evitar abusos. La medida, basada en normativa nacional y sentencias internacionales, ha permitido cambios de medidas cautelares en casos de alto perfil. El magistrado defiende la independencia judicial recuperada.
Recuperando la credibilidad de la justicia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, asegura que bajo su gestión la justicia boliviana empezó a recuperar credibilidad e independencia. Había déficit presupuestario, falta de personal, corrupción normalizada y un órgano sin credibilidad, subordinado al Ejecutivo. Hoy, afirma, se ha recuperado presupuesto, se resuelven causas con mayor celeridad y se ha lanzado un sistema tecnológico piloto para digitalizar expedientes.
Una decisión basada en la ley
La instrucción de revisar los plazos de la detención preventiva se tomó basándose en la ley 1173, que habla del uso excesivo de esta figura, y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No sean abusivos con la detención preventiva”, recuerdan dichas sentencias. Saucedo enfatiza que no es impunidad: los procesos continúan, pero con otras medidas cautelares.
Independencia frente a presiones
El magistrado reconoció que hubo presiones políticas tras estas decisiones. «A veces trataron de tergiversar diciendo que se estaba negociando impunidad. Aquí nadie ha negociado nada», declaró. Afirmó que su gestión no responde a intereses partidistas: “No somos de derecha ni de izquierda, así que no nos vean como ese juguetito”.
Un órgano judicial históricamente subordinado
Al asumir su cargo, Saucedo se encontró con un Órgano Judicial subordinado al Ejecutivo, situación que atribuye en parte a la Comisión Nº 898. Esta comisión, creada tras una cumbre de Justicia, era descrita como un mecanismo de control del Ejecutivo sobre el Judicial. Su cierre fue considerado por el presidente del TSJ como un paso fundamental para recobrar la independencia del órgano.
El objetivo de una justicia imparcial
La gestión actual del TSJ busca consolidar una justicia imparcial y alejada de intereses políticos. El impacto directo para el ciudadano radica en la aplicación estricta de la ley, buscando evitar abusos como la detención preventiva prolongada. La eficacia de estas medidas se medirá en la capacidad del sistema para mantener su independencia y continuar procesando casos con celeridad y transparencia.