Viceministro de Bolivia vincula doble homicidio con ajustes de cuentas delictivos
Dos jóvenes, uno de 19 años, fueron asesinados a balazos en Entre Ríos. El viceministro Aguilera afirmó que las víctimas tenían participación en el mundo delictivo. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el municipio cochabambino.
«Ajustician a quienes les roban»
Tras el crimen de los dos jóvenes, el Viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que las víctimas fueron identificadas. «Estas matanzas son producto del ajuste de cuentas que se da en el mundo delictivo», manifestó la autoridad, considerando que estaban vinculadas a organizaciones criminales.
Mecanismos de la justicia ilegal
Aguilera explicó el mecanismo detrás de estos hechos, señalando que las personas inmersas en organizaciones delictivas no pueden acudir a la justicia ordinaria. En su lugar, optan por los secuestros, sicariatos o extorsiones para cubrir deudas económicas pendientes producto del narcotráfico.
Un problema de criminalidad organizada
La autoridad puntualizó que delitos como el narcotráfico, el sicariato y el robo de vehículos corresponden a delitos de criminalidad organizada. Advirtió que estos crímenes requieren un tratamiento especial incluso en el ámbito judicial.
Focos de actividad criminal
El viceministro Aguilera había focalizado previamente tres áreas con alta incidencia criminal en el país: Entre Ríos en Cochabamba, Beni y Santa Cruz. Este doble homicidio se enmarca en la violencia registrada en una de estas zonas priorizadas.
Un ciclo de violencia extrainstitucional
El contexto proporcionado por la autoridad señala que la imposibilidad de acudir a la justicia ordinaria por parte de los grupos delictivos genera una justicia paralela. Esto deriva en una cadena de violencia que incluye secuestros y sicariatos para resolver disputas, principalmente deudas relacionadas con el narcotráfico.
La respuesta requiere un abordaje judicial especial
El hecho subraya la complejidad de la criminalidad organizada en ciertas regiones de Bolivia. Las implicaciones para el ciudadano radican en que estos crímenes, según la autoridad, necesitan un tratamiento judicial diferenciado debido a su naturaleza organizada, lo que representa un desafío para las instituciones.
