Tuto Quiroga amenaza con encarcelar a ejecutivos del BCB por el oro
Exige la entrega de 22 toneladas de oro el 8 de noviembre. El candidato presidencial advierte con procesos penales si las reservas no están completas. Vincula esta situación con un posible desabastecimiento de combustibles.
Una advertencia directa desde El Alto
El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga advirtió este sábado 6 de septiembre con iniciar procesos penales contra los ejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB). «Van a ir presos señores del Banco Central», declaró, exigiendo que el próximo 8 de noviembre se entreguen las 22 toneladas de oro que por ley deben mantenerse como reservas. Afirmó que es ilegal pignorar (empeñar) el oro por debajo de ese nivel.
Gestión contra un colapso económico
Quiroga vinculó el tema del oro con el anuncio del Ministerio de Economía sobre que el abastecimiento de combustibles solo está garantizado hasta el fin del mandato de Luis Arce. «No podemos esperar al 8 de noviembre para decir: ‘Oh, qué sorpresa, no hay oro, dólares ni diésel’», afirmó. Señaló que ya realiza gestiones internacionales para garantizar recursos financieros y evitar un colapso económico.
Un llamado a la transparencia
El exmandatario exigió al gobierno que brinde información transparente sobre las reservas de oro y la situación de los hidrocarburos. También pidió a Rodrigo Paz, candidato opositor, que aclare lo conversado con el presidente Arce sobre estos temas. «Esto no es información privilegiada, es información que Bolivia merece conocer», concluyó.
Un mandato legal sobre la mesa
La base de la advertencia de Quiroga es un mandato de ley que establece que el BCB debe mantener 22 toneladas de oro como reservas nacionales. El candidato alega que parte de ese oro ha sido pignorado, lo que considera una acción ilegal que tendría consecuencias penales para los ejecutivos de la institución.
El futuro económico en la balanza
Las declaraciones sitúan la gestión de las reservas internacionales y el abastecimiento de combustibles como puntos centrales de la transición política. La repercusión para el ciudadano radica en la potencial afectación a la estabilidad económica y el suministro de recursos básicos, dependiendo de la veracidad de la información que se divulgue.