Exministro Arturo Murillo ingresa en prisión preventiva en San Pedro
El exministro de Gobierno fue encarcelado por el caso de compra de gases lacrimógenos. Un tribunal ordenó su detención preventiva mientras se resuelven sus apelaciones. Murillo enfrenta múltiples procesos penales en Bolivia tras ser deportado desde Estados Unidos.
De la audiencia a la celda
Arturo Murillo fue trasladado al penal de San Pedro en La Paz después de que un tribunal de sentencia penal ordenara su detención preventiva. Este proceso judicial específico por la compra con sobreprecio de gases de Brasil le supone una condena de ocho años de prisión, que aún no está ejecutoriada. El exministro declaró a la prensa: «con el tiempo se va a saber todo».
Estrategia legal y apelaciones
Javier Tapia, abogado de Murillo, informó que no apeló la determinación porque su cliente «no tiene domicilio establecido ni documentos personales» para optar a una medida sustitutiva. En cambio, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, sí apeló, pero solo «con relación al centro de detención preventiva», solicitando que Murillo sea enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Una agenda judicial cargada
La repercusión para el ciudadano radica en la visibilidad de un caso de alto perfil sobre el uso de fondos públicos. Murillo tendrá una nueva audiencia el domingo por el caso ‘Gases Ecuador’, por el que tiene otra sentencia de cinco años y cuatro meses. Según la Fiscalía General del Estado, el exministro suma 15 procesos penales activos en Bolivia por una serie de delitos.
Un regreso forzoso a Bolivia
El contexto inmediato es su deportación desde Estados Unidos, donde cumplió una condena por conspiración para el lavado de dinero y sobornos. Murillo arribó a Bolivia el pasado 4 de septiembre y fue aprehendido de inmediato, pasando dos noches en celdas de la FELCC de La Paz antes de su ingreso en San Pedro.
El camino judicial continúa
El caso avanza en los tribunales bolivianos con múltiples frentes abiertos. La situación legal de Murillo permanece en un estado de transición, pendiente de las resoluciones de las apelaciones presentadas y del desarrollo de los numerosos procesos en su contra.
