Unión Europea multa a Google con más de 3.000 millones de dólares
La Comisión Europea impuso una sanción de 2.950 millones de euros por abusar de su posición dominante en publicidad online. La medida se tomó pese a las amenazas previas de Donald Trump.
Una sanción por abuso de posición dominante
La Comisión Europea anunció el viernes que impone una multa de 2.950 millones de euros a Google. El Ejecutivo europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea, al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales. La institución le dio un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.
La respuesta de Google y otras sanciones
Google anunció inmediatamente que impugnará la sanción. En una declaración, la vicepresidenta de Google encargada de asuntos regulatorios, Lee-Anne Mulholland, afirmó: «La decisión de la Comisión Europea es mala y la recurriremos». Esta es la tercera multa impuesta esta semana a Google, filial de Alphabet, tras otras en Estados Unidos y Francia.
Un trasfondo de tensión internacional
El anuncio de la multa se retrasó a principios de semana en un contexto de tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos. El 26 de agosto, Donald Trump atacó a los países y organizaciones que regulan el sector tecnológico, amenazándolos con aranceles y restricciones a la exportación. La UE respondió que tenía ‘el derecho soberano’ de regular la tecnología.
Una larga historia de regulación antitrust
La sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de una multa de más de 4.000 millones también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android. La Comisión había amenazado en 2023 con exigir la escisión de parte de las actividades del grupo en este ámbito.
Un mandato para cambiar sus prácticas
La eficacia de la medida dependerá del cumplimiento de Google. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, advirtió que Bruselas «no dudará en imponer correcciones ‘serias'» si la firma se niega a subsanar su comportamiento. La compañía tiene un plazo de 60 días para comunicar las medidas correctivas.