ICE allana planta de Hyundai en Georgia y detiene a cientos de empleados

Unas 475 personas fueron detenidas durante un operativo en la planta donde la empresa surcoreana fabrica vehículos eléctricos. La investigación, que lleva varios meses, se centró en denuncias de prácticas laborales ilegales.

Una operación de gran envergadura

El agente especial Steven Schrank declaró que «esta fue la mayor operación de control migratorio en una sola planta» en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La redada se centró en la obra de construcción de una planta de baterías adyacente en el sitio de 1.214 hectáreas al oeste de Savannah, Georgia.

Detalles de la detención

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, describió el número de surcoreanos detenidos como «grande», añadiendo que los trabajadores formaban parte de una ‘red de subcontratistas’ que trabajaba para diversas empresas en el lugar.

Repercusión internacional y corporativa

Corea del Sur está tomando medidas activas, enviando diplomáticos al lugar y planeando formar un equipo de respuesta. Por su parte, LG Energy Solution, socia de Hyundai en la planta de baterías, afirmó en un comunicado que «cooperará plenamente con las autoridades competentes».

Un proyecto insignia bajo escrutinio

La planta allanada, valorada en 7.600 millones de dólares y empleadora de unas 1.200 personas, era promocionada por el gobernador Brian Kemp como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado de Georgia. Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos allí hace un año.

Un contexto de aplicación de la ley migratoria

El operativo se enmarca en una investigación penal en curso sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves. El gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo amplios operativos del ICE como parte de una agenda de deportaciones masivas en diversos sectores.

Garantías y aplicación de la ley

Mientras las autoridades estadounidenses subrayan su compromiso con el empleo para ciudadanos locales, el gobierno surcoreano ha declarado que «los derechos de nuestros ciudadanos no deben verse infringidos injustamente» en el proceso de aplicación de la ley. La situación pone de relieve el equilibrio entre el cumplimiento de la ley migratoria y las actividades de inversores extranjeros.