Diputado cuestiona a la ASFI por no investigar cuentas de hijo de presidente
Héctor Arce interpeló a la supervisora financiera por no alertar sobre movimientos de casi 100 millones de bolivianos. El parlamentario acudió a las oficinas de la entidad en La Paz para buscar explicaciones sobre la denuncia pública.
Una visita en busca de respuestas
El diputado Héctor Arce del MAS cuestionó a la ASFI por no investigar ni pronunciarse de oficio sobre las operaciones. Señaló que la institución tiene el mandato de fiscalizar operaciones raras o con recursos económicos extraordinarios. «La ASFI tiene la autoridad para controlar, supervisar, fiscalizar si estos créditos han estado enmarcados en la ley», declaró.
Los montos en cuestión
Puntualizó que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los hijos del Presidente, tiene ocho cuentas en diferentes entidades financieras. Los montos suman casi 100 millones de bolivianos distribuidos en varias cuentas bancarias.
La investigación paralela
Rafael Ernesto y su hermana Camila son investigados por la supuesta compra irregular del predio “Adán y Eva” en Santa Cruz. La relación de los hechos revela que adquirieron varios créditos bancarios por un total de Bs 63,1 millones.
Un contexto de presuntas irregularidades
El diputado evista cuestionó que las autoridades no alerten sobre supuestos hechos irregulares en los préstamos. «Realmente estos créditos otorgados por el Banco Ganadero cumplieron o no las normas… Yo considero que no», protestó el legislador, sugiriendo que se resolvió con una llamada por ser el hijo del Presidente.
Un reclamo de transparencia financiera
El hecho se enmarca en una investigación más amplia sobre la adquisición de un predio de alto valor por parte de los hijos del mandatario, quienes en ese momento tenían 25 y 20 años, financiada mediante sustanciales créditos bancarios.
La supervisora bajo escrutinio
La eficacia de la supervisión financiera de la ASFI queda en entredicho ante la falta de una investigación de oficio sobre estos movimientos, lo que podría afectar la percepción pública sobre la transparencia en el sistema financiero.