Audiencia de Edman Lara se suspende por vacaciones del fiscal
El candidato vicepresidencial denuncia un complot policial y político en su contra. La vista judicial, por una presunta estafa de terrenos, fue pospuesta para el 12 de septiembre. Lara afirma que de denunciante pasó a ser denunciado.
Un proceso judicial que da un vuelco
La audiencia de Edman Lara, candidato vicepresidencial del PDC, se suspendió este martes para el próximo 12 de septiembre. El proceso se inició por su denuncia contra un expolicía por una presunta estafa a 68 familias con la venta de terrenos. La suspensión en el Juzgado de La Guardia se debió a que el fiscal a cargo pidió vacaciones.
De denunciante a denunciado
Lara cuestionó que su denuncia contra un expolicía por este caso haya sido rechazada. «De denunciante pasé a denunciado», afirmó el candidato. Además, declaró: «Ya me juzgaron y ahora pretenden juzgarme una vez más por el mismo hecho».
Acusaciones públicas contra autoridades
Horas después, en un video en TikTok, Lara denunció un supuesto complot. «Cualquier cosa que le llegue a pasar a mi persona será responsabilidad del general Augusto Russo Sandoval» (comandante general de la Policía), de Tuto Quiroga (candidato presidencial de la alianza Libre) y de Guadalupe Cárdenas.
La trama que alega el candidato
Según Lara, policías en activo le informaron que el General «se ha reunido con Tuto Quiroga y está conspirando en mi contra». Agregó que Russo también se reúne con Cárdenas y que «personal de inteligencia me sigue a todos los lados». «Están preparando algo en mi contra», finalizó.
Un caso con trasfondo electoral
El proceso judicial involucra a una figura política en pleno periodo electoral, el candidato vicepresidencial Edman Lara del PDC. La denuncia original gira en torno a una presunta estafa con terrenos que afectó a 68 familias, un caso que ahora tiene una dimensión política con las acusaciones de Lara.
La sombra de la conspiración planea sobre la campaña
Las declaraciones del candidato introducen una grave acusación de utilización de aparatos del Estado con fines políticos. La repercusión para el ciudadano reside en la posible politización de instituciones como la Policía, lo que podría afectar la percepción de imparcialidad y seguridad jurídica durante el proceso electoral.