Un tribunal federal de EE.UU. declara ilegal el despliegue de tropas de Trump en Los Ángeles
Un juez federal determinó que el presidente violó la Ley de Posse Comitatus de 1878. La decisión, emitida el 2 de septiembre, considera que el uso de soldados para labores policiales traspasó un límite legal fundamental. Se da tras la impugnación del gobernador de California, Gavin Newsom.
Una línea roja cruzada
El tribunal de San Francisco falló que Donald Trump quebrantó la ley estadounidense al enviar a Los Ángeles a 4.000 miembros de la Guardia Nacional y unos 700 Marines. El juez Charles Breyer encontró que estas tropas actuaron como policías —bloqueando calles, controlando multitudes y apoyando redadas de inmigración—, lo que viola la Ley de Posse Comitatus. Esta ley de 1878 prohíbe que el ejército realice labores de policía civil a menos que el Congreso o la Constitución lo permitan expresamente.
Origen y reacción política
Trump ordenó el despliegue el 7 de junio de 2025 bajo un estatuto que permite al presidente tomar el control temporal de las unidades de la Guardia estatales. La medida se produjo tras las protestas contra las redadas de inmigración a gran escala en Los Ángeles. El gobernador Gavin Newsom, un demócrata, impugnó la medida, argumentando que el presidente había excedido su autoridad. El tribunal retrasó la aplicación de la sentencia hasta el 12 de septiembre para dar tiempo al gobierno a apelar.
Capacidad civil versus intervención militar
El fallo subraya que las fuerzas civiles eran suficientes para manejar la situación. La policía de Los Ángeles reportó 29 arrestos, daños menores a la propiedad y un agente federal herido. El juez afirmó que estas cifras demostraban que las fuerzas del orden civiles eran capaces de gestionar la situación sin que los soldados asumieran funciones policiales.
Una batalla legal recurrente
Este caso se enmarca en una batalla política y legal más amplia. El primer mandato de Trump vio a muchos estados liderados por demócratas presentar demandas para bloquear sus acciones, desde prohibiciones de inmigración hasta intentos de desviar fondos para un muro fronterizo. Algunos de esos casos llegaron al Tribunal Supremo, que a veces respaldó a Trump y otras falló en su contra.
El delicado equilibrio del poder interno
El sistema legal de EE.UU. protege una separación nítida entre la policía civil y las fuerzas armadas. Empresas, residentes y comunidades dependen de esa separación para evitar interrupciones repentinas por una intervención militar. Las apelaciones venideras, posiblemente incluso en el Tribunal Supremo, decidirán si ese límite se mantiene firme.
