Jefe del MNR califica liberación de Camacho como fin del MAS

Johnny Torres afirma que la excarcelación es el «certificado de defunción» del oficialismo. El líder opositor hizo estas declaraciones tras la liberación del gobernador de Santa Cruz, quien estuvo detenido dos años y ocho meses.

Una liberación que resuena en la política nacional

El jefe nacional del MNR y alcalde de Tarija, Johnny Torres, declaró que «la excarcelación de Camacho es el certificado de defunción del MAS». Según su criterio, el partido oficialista «ha hecho campaña permanente en base a terrorismo de Estado, la persecución y la judicialización de la política». Estas afirmaciones las realizó en respuesta a preguntas de EL DEBER sobre la liberación del gobernador cruceño.

Detalles de la detención y liberación

Luis Fernando Camacho fue liberado el viernes pasado después de permanecer dos años y 8 meses en el penal de Chonchocoro. Torres recordó que al gobernador «lo detuvieron a pleno día y el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2022, con un exceso completo de la fuerza». El líder del MNR manifestó su felicidad por la libertad de Camacho, destacando su fortaleza durante la detención.

Repercusión y exigencias futuras

Torres habló sobre la necesidad de abrir una investigación sobre el caso de persecución al gobernador cruceño y otros políticos de la oposición. El objetivo sería determinar el grado de responsabilidad de jueces y fiscales. Agregó que esta será una tarea del próximo gobierno que surja de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre próximo.

Un método de presión política

En su criterio, el partido oficialista se acostumbró a perseguir y llevar presos a los políticos opositores. La idea, según Torres, era generar miedo para que se callen e iniciar procesos judiciales similares a las represiones en gobiernos militares. Esta práctica habría sido una muestra de las derrotas del MAS en todos los niveles en el país.

El camino a seguir

La liberación de Camacho marca un punto de inflexión según la oposición. La eficacia de las investigaciones exigidas dependerá del próximo gobierno que asuma después de los comicios de octubre. El caso se presenta como un ejemplo de la judicialización de la política en el país.