Ministro de Gobierno exige a Justicia evitar impunidad en masacres de 2019
Roberto I. Ríos responsabiliza a operadores judiciales tras la liberación de Camacho y Pumari. Los acusados por los hechos de 2019 obtuvieron libertad el 29 de agosto. El ministro pidió que las masacres no queden impunes.
Un llamado a la responsabilidad judicial
El ministro de Gobierno, Roberto I. Ríos, se pronunció tras la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. A través de un comunicado, Ríos afirmó que «la retardación de justicia y la eventual liberación de involucrados… son responsabilidad de los operadores de justicia». Aunque respetó la independencia de los órganos judiciales, exigió que se haga justicia por los hechos que «generaron luto y dolor al pueblo boliviano».
El camino a la libertad
La liberación se produjo el 29 de agosto después de que Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pidiera revisar los casos. Camacho y Pumari se encontraban en detención preventiva sin sentencia firme. Jeanine Áñez, por su parte, continúa asistiendo a audiencias para definir su situación judicial.
La base de la exigencia
El ministro fundamentó su postura en los informes del GIEI – Bolivia de la Comisión IDH y de Amnistía Internacional. Dichos organismos establecieron que las masacres y ejecuciones de 2019 deben ser investigadas y juzgadas. Ríos exigió que estos actos no queden impunes.
Un pasado que reclama justicia
Los hechos referidos ocurrieron en 2019, un periodo marcado por masacres y actos vandálicos según los informes internacionales citados. El GIEI – Bolivia de la Comisión IDH y Amnistía Internacional documentaron estos eventos, lo que llevó a la apertura de investigaciones judiciales contra varias figuras políticas.
La balanza de la justicia en movimiento
La situación actual coloca la responsabilidad en el sistema judicial para avanzar en los procesos, a pesar de las libertades concedidas. El procurador Ricardo Condori admitió que la libertad de los implicados no significa el fin de las causas en su contra. El cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre estos hechos sigue siendo un pendiente para el Estado.
