Luis Fernando Camacho recupera la libertad tras casi tres años detenido
El gobernador de Santa Cruz sale de prisión tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia. Su proceso judicial, iniciado en diciembre de 2022, estuvo marcado por tensiones políticas y pronunciamientos internacionales que cuestionaron la legalidad de su detención.
Un largo camino hacia la libertad
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, fue aprehendido en un operativo policial el 28 de diciembre de 2022 en el marco del caso «Golpe I». Un juez de La Paz ordenó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro por cuatro meses, decisión que su defensa calificó como arbitraria. A lo largo de 2023 y 2024, su detención fue ampliada en varias ocasiones mientras enfrentaba otros procesos paralelos.
Reacciones internacionales y tensión política
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch mostraron preocupación por su caso. En marzo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que su detención era arbitraria y recomendó su liberación inmediata, una decisión que el entonces ministro de Justicia, César Siles, descalificó.
El instructivo que lo cambió todo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un instructivo el 22 de agosto de 2025 para verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva. Esto resultó en que, en audiencias celebradas entre el 26 y el 28 de agosto, la justicia determinó primero su detención domiciliaria y luego su libertad inmediata en los casos «decretazocarro bombero».
Gobernación en suspenso
Durante su detención, la Gobernación de Santa Cruz fue dirigida por el vicegobernador Mario Aguilera como suplente temporal, tras una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dirimió la incertidumbre institucional.
Un caso con amplio eco
El proceso contra Camacho se enmarcó en la investigación de las acciones de líderes políticos y cívicos durante la crisis de 2019, con acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración por parte del Ministerio Público.
El regreso a Santa Cruz
Camacho retorna a su cargo para ejercerlo tras casi tres años de cautiverio, con varios procesos aún abiertos pero con la libertad recuperada. Su caso simbolizó una de las etapas más tensas de la política reciente en Bolivia.
