Procurador admite que el Estado incumple recomendaciones sobre 2019
El Estado boliviano enfrenta posibles sanciones internacionales por no seguir las recomendaciones de organismos de derechos humanos para investigar los hechos de 2019. La advertencia la realizó el propio Procurador del Estado, Ricardo Condori.
Un riesgo de sanciones para el Estado
El procurador Ricardo Condori admitió que el Estado está incumpliendo las recomendaciones de organismos internacionales en las investigaciones sobre los sucesos violentos de 2019. Señaló que, al haber pasado más de cinco años, existe el riesgo de que el Estado incumpla y, por lo tanto, «se van a venir severas sanciones para el Estado».
La advertencia del procurador
Condori vinculó este incumplimiento con las recientes decisiones judiciales que otorgaron libertad a los procesados. Afirmó que «con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia, está en riesgo el cumplimiento efectivo» de las recomendaciones de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los procesos continúan a pesar de las libertades
El procurador aclaró que las medidas sustitutivas para Luis Fernando Camacho y Marco Pumari «no implica que los procesos hayan desaparecido o se hayan caído». Aseguró que su despacho agotará todas las instancias y recursos que franquea la ley para culminar estos procesos y dar cumplimiento a las recomendaciones.
El contexto de las recomendaciones incumplidas
Los hechos investigados ocurrieron tras la renuncia de Evo Morales en 2019, en medio de una presión social que denunció ‘fraude’ en las elecciones de ese año. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) emitió en 2021 un informe con 36 recomendaciones, que incluían investigar y juzgar a los responsables de los hechos documentados, así como adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas.
Un cumplimiento pendiente que traerá consecuencias
La admisión del procurador confirma el retraso en las investigaciones y el incumplimiento de las recomendaciones internacionales. El Estado boliviano se expone ahora a potenciales sanciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos, dependiendo de la evolución final de los procesos judiciales en curso.
