Presidente del TSJ afirma que la justicia recobró su independencia
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la revisión de plazos de detenciones preventivas. Esta medida resultó en la liberación de varios exlíderes cívicos y la modificación del caso de la expresidenta Jeanine Añez.
Un instructivo que cambió las reglas del juego
Romer Saucedo, presidente del TSJ, declaró a través de sus redes sociales que «la justicia ha recobrado su independencia» y que el órgano judicial «nunca será instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda». Hizo un llamado a los compatriotas en el exterior para que retornen, afirmando que «el debido proceso en nuestra patria ha sido restituido».
Las liberaciones concretadas
Este viernes se materializó la salida de Luis Fernando Camacho, quien estuvo dos años y ocho meses en prisión preventiva en Chonchocoro-La Paz, y de Marco Pumari, detenido tres años y ocho meses en Catumarca-Potosí. Ambos exlíderes cívicos se reunieron con sus familias. También fue liberada la dirigente Ruth Nina, quien recibió detención domiciliaria.
Un proceso en marcha
La semana pasada, el TSJ emitió un instructivo para revisar los plazos procesales en casos específicos, determinación que luego se amplió a otros procesos. El pasado lunes, instruyó a los Tribunales Departamentales que realicen jornadas de verificación de los plazos de las detenciones preventivas en «todos los procesos a cargo de cada juzgado y/o tribunal de cada distrito».
Antecedentes de largas detenciones
Los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari habían permanecido en prisión preventiva durante años, en el marco de sus procesos judiciales. El caso de la expresidenta Jeanine Añez también fue objeto de revisión, anulándose obrados para que sea visto en un juicio de responsabilidades.
Un nuevo capítulo para la justicia boliviana
Las acciones del TSJ representan un cambio significativo en el manejo de las detenciones preventivas. La repercusión inmediata para los ciudadanos involucrados ha sido la recuperación de su libertad, mientras que para el sistema judicial implica la aplicación de revisiones de plazos de forma generalizada.
