Ministra de Justicia niega existencia de presos políticos en Bolivia
La Ministra Jessica Saravia asegura que se respetó el debido proceso en todos los casos. Sus declaraciones contrastan con denuncias de injerencia política en el sistema judicial. Ocurrió en Sucre este viernes 29 de agosto de 2025.
La postura oficial sobre la justicia
La Ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó de manera categórica que en Bolivia “no existen presos políticos”. Sostuvo que en todos los procesos judiciales “se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa”. Sus declaraciones se enmarcan en la defensa de las acciones del Órgano Judicial frente a las críticas recibidas.
Los casos que generan controversia
Saravia citó como ejemplos los procesos posteriores a la crisis de 2019, mencionando específicamente el caso denominado Golpe I. Argumentó que las decisiones judiciales se tomaron “de acuerdo a procedimientos legales” y no por motivaciones políticas, destacando que la defensa de Luis Fernando Camacho logró paralizar el proceso con un recurso.
Un debate con múltiples actores
Esta postura oficial contrasta con las denuncias recurrentes de múltiples actores políticos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. Estos actores acusan al Ejecutivo de ejercer injerencia en el sistema judicial e instrumentalizarlo con fines políticos. El Gobierno es cuestionado por presuntas presiones sobre fiscales y jueces.
Un país que busca cerrar heridas
La crisis política de 2019 generó una fractura social y una serie de eventos que derivaron en procesos judiciales. La Ministra Saravia mencionó que estos procesos se sustentan en informes internacionales como los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión contra la Tortura de la ONU, que recomendaban investigar vulneraciones de derechos humanos.
La justicia en el ojo del huracán
La credibilidad del sistema judicial boliviano queda en entredicho entre la versión oficial que garantiza imparcialidad y las acusaciones de uso político de la justicia. El impacto para el ciudadano radica en la percepción de la independencia de las instituciones y la garantía de sus derechos fundamentales en cualquier proceso legal.
