Cívicos de Tarija exigirán auditoría al Censo 2024 al nuevo gobierno
El Comité Cívico de Yacuiba y un diputado electo plantean que el censo genera dudas. Exigirán una revisión del proceso al próximo Ejecutivo que surja del balotaje, antes de debatir el pacto fiscal. Los resultados, publicados el 28 de agosto de 2025, sitúan a Tarija como el séptimo departamento más poblado.
Una demanda basada en «más dudas que certezas»
El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, afirmó que «el Censo de Población y Vivienda 2024 genera más dudas que certezas y urge una auditoría». Aseguró que, por ejemplo, la cantidad de habitantes reportada para el municipio de Yacuiba es dudosa. Por su parte, el electo diputado Rodrigo Fuenzalida coincidió en que «los resultados dejan más dudas que certezas en la población» y que el proceso no fue validado como corresponde.
Un reclamo dirigido al futuro gobierno
Los actores anunciaron que le exigirán al nuevo gobierno que surja del balotaje una revisión antes de debatir el pacto fiscal. Fuenzalida, quien también fue responsable del Comité Departamental Interinstitucional de Seguimiento al Censo, recordó que las reuniones solicitadas al INE nunca se concretaron. Expresó la esperanza de que el nuevo gobierno realice una auditoría y corrija de inmediato cualquier error de fondo.
La base de los programas sociales
Ambos actores coincidieron en que los resultados del censo sirven para que cada institución realice sus programas sociales para los próximos 5 años. Estos datos son utilizados por la Gobernación y los municipios para la planificación de sus acciones, por lo que su precisión es fundamental para la ciudadanía.
Un resultado que redefine el mapa demográfico
Los resultados del Censo 2024, divulgados el 28 de agosto de 2025, situaron a Tarija como el séptimo departamento más poblado de Bolivia, con 534.210 habitantes. Santa Cruz se consolidó como el departamento más poblado con 3.122.605 habitantes, por encima de La Paz (3.030.917) y Cochabamba (2.016.357).
La precisión de los datos en juego
La eficacia de la planificación estatal y la distribución de recursos para los próximos años depende de la confiabilidad de los datos censales. La auditoría exigida busca garantizar que las bases sobre las que se construyen los programas sociales y el pacto fiscal sean las correctas.
