Víctimas de Senkata y Sacaba denuncian parcialización de la justicia

Familiares de las víctimas acusan al tribunal de complicidad e impunidad. La decisión judicial se produce tras la anulación de obrados y el envío de los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

Un giro judicial que deja a las víctimas en indefensión

Tras una audiencia de más de ocho horas, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló obrados del proceso penal contra la expresidenta Jeanine Añez y otros acusados por el caso Senkata. La representante de las víctimas, Gloria Quisbert, afirmó que esta decisión «huele a complicidad e impunidad» y que deja a los afectados «en total indefensión».

El camino hacia un juicio político bloqueado

Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para el trámite de un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Quisbert consideró que este proceso no prosperará en la futura Asamblea Legislativa, ya que los nuevos parlamentarios responden a la oposición y no se alcanzarán los dos tercios necesarios para su aprobación.

Un proceso marcado por el uso político

Gloria Quisbert declaró que las víctimas fueron usadas políticamente por el gobierno de turno, que no agilizó el proceso contra la exmandataria. Además, señaló que no se cumplieron las recomendaciones del GIEI para la reparación integral de las víctimas de estos sucesos.

Antecedentes de una intervención trágica

Los hechos que originaron estos procesos judiciales se remontan a la intervención militar ocurrida en Sacaba en noviembre de 2019, un evento que también tuvo su réplica en Senkata y que dejó un número significativo de víctimas.

La impunidad como horizonte probable

Con el archivo de la vía penal y el previsible bloqueo del juicio de responsabilidades en el Legislativo, las víctimas y sus familias enfrentan serias dificultades para alcanzar la justicia que demandan, según su propia percepción expresada en las declaraciones.