Presidente Arce considera deuda pendiente la justicia para víctimas de 2019
El mandatario boliviano manifestó su preocupación por las recientes decisiones judiciales que involucran a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, relacionadas con la crisis de 2019.
Un clamor por la memoria y la justicia
A través de sus redes sociales, el Presidente Luis Arce indicó que “el dolor de los afectados exige una respuesta” de la justicia. Afirmó que, a seis años de los hechos, es “incomprensible e indignante” que supuestos delitos reconocidos como masacres por organismos internacionales no reciban el debido tratamiento judicial.
Las decisiones judiciales recientes
El contexto inmediato son las resoluciones de los tribunales. El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto declaró incompetente el juicio contra la expresidenta Áñez y otros 12 acusados, lo que llevó a declarar la libertad de todos los detenidos. Posteriormente, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz determinó libertad pura y simple para Pumari y detención domiciliaria para el gobernador Camacho.
Un llamado a los operadores de justicia
Con absoluto respeto a la independencia de poderes, Arce hizo un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Reafirmó su compromiso de honrar la memoria de quienes partieron y de acompañar a quienes aún claman por justicia.
La herida abierta de una nación
Los hechos se relacionan con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales. Organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reconocieron los eventos como masacres. El dolor de las familias que perdieron seres queridos durante esos trágicos acontecimientos permanece seis años después.
La búsqueda de justicia continúa
La repercusión para el ciudadano radica en que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente según la máxima autoridad del país. La eficacia final de la justicia boliviana para resolver estos casos y brindar determinaciones justas y oportunas a las víctimas queda sujeta al devenir del proceso judicial.
