Gobierno boliviano apelará decisiones judiciales que liberaron a Camacho, Áñez y Pumari
El Ejecutivo recurrirá las medidas cautelares que beneficiaron a los tres líderes opositores. La ministra de Justicia fundamenta la acción en un informe internacional que documenta graves excesos de las fuerzas de seguridad en 2019, que dejaron 37 fallecidos.
El Estado actúa conforme a la ley
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, anunció que el Gobierno Nacional presentará recursos de apelación contra las resoluciones que concedieron beneficios a Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez. Saravia explicó que «el Estado lo que ha hecho es accionar conforme lo establece la Ley» y que se aguardarán los resultados antes de definir próximos pasos.
Fundamento en un informe internacional
La acción legal se basa en las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). La ministra enfatizó que el informe documentó graves excesos y delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía, que derivaron en los sucesos de Senkata y Sacaba. El GIEI calificó estos hechos como masacres, con un total de 37 víctimas fatales.
Recomendaciones contra la impunidad
Según Saravia, el documento no solo señala a los autores materiales, sino también a quienes estuvieron en el mando o la planificación. A partir de estos hechos, emergen 36 recomendaciones del GIEI que establecen la necesidad de evitar dejar en la impunidad estos casos. La ministra también criticó el Decreto 4078 de 2019, que, según su declaración, habría buscado generar impunidad para los responsables.
Un pasado que aún duele
El contexto inmediato incluye la concesión de detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para Marco Antonio Pumari en el denominado caso del supuesto golpe de Estado I. Paralelamente, la Justicia ordenó otorgar libertad a la expresidenta Jeanine Áñez en las investigaciones por el caso Senkata.
En busca de justicia para las víctimas
El objetivo declarado de estas apelaciones es garantizar que se investigue y sancione a todos los responsables de los hechos violentos de 2019. El proceso judicial continuará su curso conforme a los resultados de los recursos interpuestos por el Estado boliviano.
