Nuevos legisladores proponen endurecer penas contra avasalladores
Elevar la pena a 30 años si hay víctimas. Diputados y senadores electos trabajan en normativas para garantizar la seguridad jurídica del sector agroproductor. Las propuestas incluyen respuesta estatal en 48 horas y una ley de garantía a las exportaciones.
Un frente común por la seguridad jurídica
Los nuevos legisladores electos, el diputado Germaín Caballero y el senador suplente Leonardo Roca, revelaron que se trabaja en dos propuestas de ley clave para el sector. La primera modifica el delito de avasallamiento, buscando elevar la pena de 15 a 20 años, y a 30 si hay víctimas. Además, se contempla la «inmediatez de la presencia del Estado, a sola denuncia de los afectados, en 48 horas», autorizando el uso de la fuerza si fuese necesario.
Garantizando el comercio exterior
La segunda normativa impulsada es una ley de garantía a las exportaciones. Roca argumenta que el país ha sido «cuartado en la seriedad de hacer negocio» debido a decretos que cortan las exportaciones. Esta ley busca dar confianza a los productores, asegurándoles que el Estado no interferirá arbitrariamente en sus negocios futuros.
La agenda postergada del agro
Klaus Frerking Adad, presidente de la CAO, expuso la agenda del sector, postergada desde hace 18 años. Esta incluye seguridad jurídica, exportaciones sin restricciones arbitrarias y el uso de la biotecnología. Frerking criticó que en los últimos años se ha puesto «ideología por encima de la producción y la economía», lo que ha llevado a una productividad muy baja comparada con países de la región como Brasil o Perú.
Una productividad en crisis
El problema de la baja productividad y la inseguridad jurídica no es exclusivo de Santa Cruz. Frerking ejemplificó que Cochabamba ahora produce 50% menos de leche que hace una década. Productores de pollo y otros sectores se han trasladado a Santa Cruz, huyendo de bloqueos y la falta de granos en sus regiones de origen.
El camino por delante
La eficacia de estas propuestas legislativas dependerá de su discusión y aprobación en la nueva Asamblea Legislativa. Su implementación buscaría reactivar un sector estratégico, afectado por la inseguridad y medidas restrictivas, con el objetivo de aumentar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria del país.
