TSJ ordena revisar detención preventiva de Jeanine Áñez
La expresidenta acumula nueve procesos judiciales en su contra. Su abogado defensor los califica de «persecución sistemática» sin «materia delictiva». El máximo órgano judicial ha instruido a los tribunales regionales para que revisen los plazos de su privación de libertad.
Una maraña procesal de nueve causas
La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en una situación jurídica compleja, con nueve procesos en la vía ordinaria. Su abogado, Luis Guillén, sostiene que «son nueve procesos porque estamos hablando de una persecución sistemática» y advierte que en ninguno de ellos existe «materia delictiva». La defensa argumenta que esta situación es resultado de una clara intromisión del Órgano Ejecutivo en la Justicia.
Condena y recursos pendientes
En el denominado ‘caso golpe II’, Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión. Sin embargo, su defensa ha presentado un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, argumentando que la sentencia es nula debido a la falta de competencia de las autoridades judiciales que la emitieron. El objetivo de este recurso es lograr la anulación de dicho fallo.
El caso Senkata y la petición fiscal
El proceso más reciente es el ‘caso Senkata’, por las muertes registradas en noviembre de 2019. En este juicio ordinario, la Fiscalía había pedido 30 años de cárcel para la exmandataria. No obstante, el proceso se anuló y se ordenó que se realice un juicio de responsabilidades, un cambio que fue bien visto por la defensa.
Un contexto de prolongada detención y salud afectada
Jeanine Áñez ha estado detenida durante más de cuatro años, un período durante el cual su estado de salud se ha visto afectado. La orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos de su detención preventiva se enmarca en una instrucción más amplia que también incluye a otros líderes políticos, como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
El impacto de una orden judicial
La revisión ordenada por el TSJ introduce un elemento de potencial cambio en la situación jurídica de la expresidenta y otros detenidos. La eficacia de esta medida y su resultado concreto dependerán de la evaluación que realicen los tribunales regionales, determinando si se mantienen o modifican las condiciones actuales de su privación de libertad.
