Talamás afirma que Camacho debe retomar funciones como gobernador
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Antonio Talamás, aseguró que Luis Fernando Camacho debe retomar inmediatamente sus funciones en cuanto retorne al departamento. Esta declaración se produce tras una decisión judicial que cambia su régimen de detención.
Un cambio de escenario para la Gobernación
Antonio Talamás, presidente de la ALD, manifestó que “el día de mañana, si Luis Fernando Camacho está en el departamento de Santa Cruz, retoma sus acciones de coordinación y política”. Añadió que, en ese caso, el actual gobernador en suplencia, Mario Aguilera, volvería a su cargo de vicegobernador electo. Esta postura define el proceder institucional ante un posible retorno de Camacho.
El camino judicial
La declaración de Talamás se produce después de que un juzgado de La Paz determinara que Camacho sea recluido en su domicilio en el caso Golpe I, tras estar detenido en la prisión de Chonchocoro desde finales de 2022. El gobernador debe verse con otro juez para resolver acusaciones vinculadas al paro de los 36 días.
La postura de la Asamblea
Talamás subrayó que la Asamblea Legislativa Departamental mantendrá sus funciones de fiscalización y acompañamiento al Ejecutivo departamental, independientemente de la situación de Camacho. Explicó que la institución trabaja paralelamente y que su directiva tiene un mandato vigente hasta mayo de 2026.
Un contexto de reclamo político
Talamás reiteró que considera a Luis Fernando Camacho, junto a Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari, un “preso político”. Señaló que, en su opinión, debieron estar en sus ciudades y hogares hace tiempo y expresó su esperanza de que, tras las elecciones nacionales, la justicia actúe como corresponde.
La estabilidad institucional en juego
Las declaraciones del titular de la ALD delinean el escenario político y administrativo que se activaría con el retorno de Camacho a Santa Cruz, redefiniendo las funciones del actual Ejecutivo departamental y asegurando la continuidad de la labor fiscalizadora de la Asamblea.
