Justicia boliviana revisa este miércoles la detención de Luis Fernando Camacho
La audiencia se realizará de forma virtual este 27 de agosto a las 12:00. El tribunal evaluará la continuidad de la medida cautelar contra el gobernador electo de Santa Cruz, procesado por el paro cívico de 36 días de 2022.
Una audiencia clave para el futuro de Camacho
El tribunal del caso “paro de 36 días” notificó a la defensa de Luis Fernando Camacho sobre la audiencia virtual. Este procedimiento evaluará la continuidad de su detención preventiva, dictada en diciembre de 2022. La audiencia representa una posibilidad clave para determinar si el gobernador electo de Santa Cruz continúa bajo detención preventiva o podrá defenderse en libertad, conforme a la evaluación de plazos procesales.
Los cargos en su contra
Camacho fue acusado de liderar el paro indefinido de 2022 y, junto a otros dirigentes, enfrenta cargos por varios delitos. Entre los cargos se encuentran terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y asociación delictuosa. La movilización fue impulsada por instituciones cívicas para exigir la realización del Censo de Población y Vivienda.
Un mandato desde las altas esferas judiciales
La programación de esta audiencia no es aislada. Se enmarca en un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dicho instructivo ordena revisar de oficio los plazos de detención preventiva en procesos que también involucran a la expresidenta Jeanine Áñez y al exdirigente cívico Marco Antonio Pumari.
Un proceso que se arrastra desde 2022
El contexto del caso se remonta al paro cívico de 36 días ocurrido entre octubre y noviembre de 2022. Desde su detención preventiva en diciembre de ese mismo año, a Camacho le iniciaron varios procesos penales por diversos delitos, un recuento de los cuales fue realizado por la ANF en 2023.
La justicia decide su situación cautelar
El resultado de esta audiencia determinará la situación personal inmediata de uno de los principales actores políticos de Bolivia. La decisión del tribunal se basará estrictamente en la evaluación de los plazos procesales y el riesgo conforme a la normativa vigente, marcando el siguiente paso en este prolongado proceso judicial.
