Viceministra Arraya califica instructivo del TSJ como medida política
La autoridad gubernamental cuestiona que la revisión de detenciones solo aplique a tres casos. La audiencia se realizará este lunes 25 de agosto de 2025. El Gobierno afirma que acatará el fallo pero pide que se extienda a todos los detenidos preventivos.
Una revisión con sello político
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, declaró que el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es «una medida más política». La autoridad añadió que, aunque se respetará la decisión judicial, la revisión debería aplicarse a todos los detenidos preventivos, no solo a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Reacciones desde la sociedad civil
Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), exigió «procesar a jueces y fiscales que intervinieron en la irregular detención de Pumari», a quienes calificó de «delincuentes sueltos». Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, lanzó una advertencia al sistema judicial: «si no hacen lo correcto, serán ustedes los que reemplacen a los inocentes en las celdas».
Los casos específicos
Marco Antonio Pumari denunció en redes sociales «más de 3 años y 8 meses de mi secuestro por parte del masismo». Luis Fernando Camacho enfrenta dos detenciones preventivas; la que se revisa este lunes es por la crisis de 2019, que lo llevó a la cárcel de Chonchocoro a finales de diciembre de 2022.
Un sistema bajo la lupa
El debate se enmarca en la aplicación del Código de Procedimiento Penal, que establece que la detención preventiva no debe extenderse por más de seis meses. Arraya señaló que aproximadamente el 60% de la población carcelaria se encuentra en esa situación.
Justicia selectiva o aplicación de la ley
El cierre de este caso sentará un precedente crucial para el sistema judicial boliviano, sometido a presiones políticas y demandas de equidad. La resolución del TSJ determinará el camino a seguir para estos tres casos y potencialmente para miles de detenidos preventivos en el país.