TSJ ordena revisar plazos de detenciones preventivas en Bolivia
El Tribunal Supremo de Justicia emite un instructivo para verificar los plazos procesales. La medida responde a manifestaciones de internos en cárceles del país y ordena la revisión en un plazo de 24 horas. El Consejo de la Magistratura instruye a los juzgados a revisar los casos que superen los 3 años.
Una orden para acelerar la justicia
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, emitió el Instructivo N°19/2025 dirigido a todos los Presidentes de Tribunales Departamentales. El documento establece un plazo computable de 24 horas desde la notificación para organizar jornadas de verificación. Además, ordena que si un proceso se lleva en un distrito y la detención en otro, «el procesado deberá ser trasladado al lugar de radicaría de proceso».
La respuesta del Consejo de la Magistratura
En la misma línea, el Consejo de la Magistratura instruyó a todos los juzgados a revisar los procesos de detenidos preventivos que hayan sobrepasado sus plazos. Carlos Spencer, titular de esta entidad, aseguró que ello responde a un derecho exigido por los privados de libertad.
El descontento tras las rejas
La orden del TSJ se produce después de una serie de manifestaciones realizadas por internos en diferentes cárceles. En la ciudad de La Paz, los privados de libertad se declararon en emergencia y protestaron en el patio del recinto penitenciario. Con arengas de «¡Igualdad de derechos, igualdad de derechos!», expresaron su molestia demandando un trato igualitario del sistema judicial.
Un instructivo que genera reacciones
Las protestas carcelarias surgieron después de que el presidente del TSJ emitiera un instructivo que disponía la verificación de plazos para los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el ex líder cívico Marco Antonio Pumari. Esta acción judicial específica fue el detonante de las movilizaciones que pedían igualdad de derechos para todos los detenidos.
Justicia bajo revisión
La eficacia de esta medida de revisión masiva de plazos procesales dependerá de su implementación por parte de los tribunales departamentales. El impacto real de la orden se evaluará en el corto plazo, determinando si logra agilizar los procesos y garantizar el derecho al debido proceso de los privados de libertad.
