TSJ ordena revisar casos de detención preventiva en Bolivia
Al menos 30.000 presos preventivos existen en el país. La medida surge tras protestas carcelarias y un debate sobre el uso político de esta figura judicial. El Consejo de la Magistratura iniciará auditorías en todos los juzgados.
Una revisión para garantizar derechos
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la revisión de los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari. Esta decisión generó protestas en cárceles de todo el país y reavivó las denuncias de uso político de la herramienta judicial. El consejero Carlos Spencer confirmó que se iniciará un relevamiento técnico para evaluar el cumplimiento de plazos, coordinando con el Ministerio Público para evitar dilaciones. “No se trata de dar privilegios a algunos, sino de garantizar el debido proceso a todos”, enfatizó.
Las protestas en los penales
La disposición del TSJ encendió la protesta en recintos penitenciarios. Internos de la cárcel de La Paz corearon “¡Igualdad de derechos, igualdad de derechos!”, mientras que en Palmasola, con casi 10.000 reclusos, se declaró estado de emergencia. Los privados de libertad denunciaron un “trato privilegiado” para figuras políticas y exigieron una revisión general. Desde Régimen Penitenciario se confirmó que no hubo motín, sino una protesta pacífica.
La denuncia de una «sentencia anticipada»
En paralelo, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín calificó la detención preventiva como una “sentencia anticipada” usada con fines políticos. Denunció que “hoy cerca del 85% de los privados de libertad están detenidos ‘por si acaso’” y afirmó que “basta un telefonazo del Ministro de Justicia para ordenar el encarcelamiento por razones políticas”. Relató que su casa fue incendiada en 2019 y que recibió amenazas directas, un caso que llevó hasta la CIDH.
Una crisis de larga data
El expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió que la crisis de retardación de justicia no puede resolverse con medidas aisladas. Identificó seis problemas estructurales: ausencia de una política criminal de Estado, falta de control constitucional, uso rutinario de la detención preventiva por jueces, discrecionalidad del Ministerio Público, populismo penal y un sistema penitenciario colapsado. “Las soluciones deben asumirse como una política de Estado”, enfatizó.
Un camino por recorrer
La eficacia de las auditorías ordenadas dependerá de una ejecución técnica y alejada de intereses partidarios. El proceso busca atender las demandas de igualdad de trato dentro de un sistema judicial que afronta una crisis estructural de larga data, cuyos efectos impactan directamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
