Presos declaran emergencia por favoritismo del TSJ con tres líderes
Privados de libertad de varias cárceles se declararon en «estado de emergencia pacífica nacional». Protestan por un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia que ordena revisar la situación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La medida considera que existe un trato preferencial.
La protesta se extiende desde San Pedro
La protesta inició en el penal de San Pedro, en La Paz, donde los reclusos salieron a las puertas con pancartas. «Todos somos iguales ante la ley» y «exigimos justicia para todos» son algunas de sus consignas. Manifestaron su molestia porque el Instructivo 18/2025 del presidente del TSJ, Romer Saucedo, solo beneficia a tres casos específicos.
Unidad carcelaria
A la protesta se sumaron reclusos de las cárceles de Palmasola, en Santa Cruz, y Villa Busch, en Pando. Mediante comunicados, demandaron un trato igualitario conforme a la Constitución Política del Estado. Un delegado desde Palmasola declaró: «No pedimos privilegios. Pedimos que se respete el principio de igualdad ante la ley».
El detonante: un instructivo judicial
La molestia surge por el Instructivo 18/2025, que ordena a los tribunales revisar de oficio los plazos de la detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari. Los reclusos cuestionan que existen cientos de personas en detención preventiva por largos periodos sin revisión judicial. Expresaron: «Que se extienda a todos. También tenemos el derecho de que se revise nuestra situación jurídica».
Un país que no olvida 2019
Los tres beneficiados por el instructivo afrontan procesos vinculados al caso «Golpe de Estado», por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Jeanine Áñez cumple una condena de 10 años por el caso «Golpe de Estado II», mientras que Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari cumplen detención preventiva dentro del caso «Golpe I».
La justicia bajo la lupa de la igualdad
La situación pone en evidencia la demanda generalizada de un aplicación uniforme de la justicia. La repercusión para el ciudadano radica en la percepción de que el sistema judicial debe garantizar el principio de igualdad para todos los procesados, sin distinción de su perfil político o mediático.
