Consejo de la Magistratura anuncia auditorías judiciales por retrasos en casos
4.500 reos llevan más de tres años en prisión preventiva sin sentencia. La medida surge tras protestas carcelarias por trato desigual. El organismo realizará fiscalizaciones a tribunales y un censo nacional de los casos.
Una chispa que encendió la pradera
La crisis se desató después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera revisar las medidas cautelares de los exmandatarios Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Esta disposición detonó protestas en diferentes cárceles del país, donde reclusos denuncian trato desigual y exigen que la revisión se aplique a todos.
Las cifras del problema
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, alertó de la magnitud del problema. Advirtió que 11.000 personas ya pasaron más de un año en detención preventiva, 7.000 superan los dos años, y cerca de 4.500 han sobrepasado los tres años. Incluso hay casos de 4, 5 y hasta 9 años sin resolución judicial.
El reclamo desde los penales
Las primeras manifestaciones surgieron en las cárceles de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando), donde los internos se declararon en estado de emergencia. A ellas se sumaron los reclusos de San Pedro (La Paz). “El reclamo es claro, no puede haber justicia para unos pocos”, insistió Limpias.
La respuesta de las autoridades
Ante la presión, el Consejo de la Magistratura anunció medidas de control. Su representante, Carlos Spencer, informó sobre el inicio de fiscalizaciones a tribunales y auditorías judiciales en casos de retrasos injustificados. En paralelo, el TSJ emitió el Instructivo N° 19/2025, ordenando jornadas nacionales de verificación de plazos procesales.
Un sistema al borde del colapso
La población penitenciaria en preventiva alcanza a 18.500 personas, lo que agrava el hacinamiento en las cárceles del país. La crisis también expuso la falta de aplicación de alternativas a la detención preventiva. La ley de grilletes electrónicos, que podría ayudar a descongestionar las cárceles, sigue paralizada en la Asamblea Legislativa.
Un camino por recorrer
La eficacia de las auditorías anunciadas dependerá de su implementación en un sistema judicial colapsado. La resolución de miles de casos con retrasos injustificados será el indicador clave para medir el impacto real de estas medidas en la población penitenciaria.
